La negociación del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, de eliminar del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos la posibilidad de que éste se querelle en casos de derechos humanos, entrampó su avance en el Congreso.
El costo de la negociación no sólo generó repudio en el mundo de los derechos humanos, sino que también entre los parlamentarios oficialistas, en especial en los diputados que criticaron duramente al Senado.
De ahí que, en la Concertación, hayan surgido visiones disímiles sobre la iniciativa legal. Consciente de que la Alianza no aportará con sus votos si el Instituto puede iniciar acciones legales, el senador DC Jorge Pizarro explica que si dicha facultad no se repone en comisión mixta, de todas maneras se debe aprobar la formación de este organismo, pues "es mejor eso que nada".
Una posición más de consenso es la que defiende el también senador DC, Mariano Ruiz Esquide, quien apuesta por explorar una "fórmula intermedia".
"Creo que una forma de salvar este obstáculo es permitir que el Instituto de Derechos Humanos se pronuncie sobre nuevos casos de detenidos desaparecidos, pero que sea un tercero quien tenga la facultad de querellarse para iniciar la investigación", afirmó Esquide.
A su juicio, la derecha -que se mantiene inflexible frente al tema- debería posibilitar la participación de terceros y agrega que en muchos proyectos la Concertación ha tenido que usar la persuasión para conseguir los votos de la oposición, por lo que ésta no será la excepción. De lo contrario, el proyecto en cuestión "quedará estancado".
Ruiz Esquide declinó precisar si estaría dispuesto a aprobar el proyecto sin que el instituto cuente con la facultad de querellarse, pues insistió en que "nunca doy por perdida una pelea, hasta que la pierdo".
Rechazo
Posiciones más radicales son las que asumieron los senadores del PS, Carlos Ominami y el PPD Roberto Muñoz Barra. El legislador socialista aclara que estuvo ausente el día en que el Senado eliminó la facultad del Instituto para iniciar acciones legales, por lo que no se siente partícipe de dicha determinación, aunque -de todas formas- precisa que no lo habría permitido.
En este sentido, Ominami advierte que resulta contradictorio que mientras Chile se erige en el concierto internacional como una nación defensora de los derechos humanos, por otro lado se esté limitando la búsqueda de la verdad.
"Creo firmemente que se cometió un error y espero que se generen los acuerdos para reponer dicha facultad, porque -de lo contrario- soy partidario de no posibilitar la aprobación del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos", comentó.
Si bien advierte que no hay que ponerse en el peor de los escenarios, insiste en que "las prerrogativas que debe tener una institución como la que se busca crear, deben ser resguardadas".
De ahí que reafirma que los consensos que el Gobierno ha ido buscando en este tema son "inútiles".
Para el senador PPD Roberto Muñoz Barra, en tanto, éste es un tema "demasiado sensible" como para no darle la seriedad y transparencia que requiere.
Sin rodeos, recalca que "si se está buscando crear una institución maquillada y que no va a tener la eficacia que se requiere, no es conveniente legislar al respecto".
Asimismo, replica que éste es un excelente momento para que todos los sectores "salgan al pizarrón". Por ejemplo, estima que "la derecha debe dar demostraciones concretas de que le ha perdido el temor al pasado", apuntando a que si la Alianza quiere ser consecuente, debería aprobar la idea de que el Instituto de Derechos Humanos pueda querellarse.
"Soy prudente y realista. Si se crea un instituto que no podrá iniciar acciones legales, no servirá para los fines que fue concebido. En este caso, no pasaría de ser más que una tomadura de pelo", aseveró al tiempo en que precisó que se debe tener muy presente que este es un tema "eminentemente ético".
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