Foxley sobre fallo de Fujimori: Hay que "cerrar el tema lo más rápido posible"

SANTIAGO.- El canciller Alejandro Foxley afirmó hoy que una vez dictado el fallo sobre la extradición o no del ex presidente Alberto Fujimori, previsto para mañana, el gobierno chileno quiere "cerrar el tema lo más rápido posible".Foxley no quiso especular sobre cuál será la resolución que dictará la segunda sala de la Corte Suprema, pero confirmó que el gobierno tiene la información de que la sentencia será conocida mañana."Estamos ad portas del fallo. Estamos coordinados para implementar cualquiera sea la resolución mañana. El gobierno va a respetar el fallo y desde el punto de vista administrativo somos partidarios que la implementación de ese fallo se haga lo más rápido posible", aseveró Foxley."Hay inquietud en el Perú y hay inquietud en Chile. Estos son temas que se abren y hay que cerrarlos lo más rápidamente posible", subrayó el canciller chileno.

Trivelli: "Lo que vimos la noche del '11' fue la parada militar de los narcos"

El ex intendente metropolitano, Marcelo Trivelli, señaló que “yo creo que lo que vimos el martes fue la parada militar de los narcos y de los delincuentes. Yo creo que esto no tiene nada que ver con política y ese ha sido el gran error de la Concertación y de las autoridades del ministerio del Interior en todas las épocas. Yo creo que esto es un problema más profundo en el que hay que trabajar la integración social".En entrevista con Radio W, Trivelli planteó que “hay que dar una guerra al narcotráfico y acoger a los excluidos. Creo que hemos dejado de lado a los más débiles, a los jóvenes, a los desertores de la enseñanza media y del colegio. Hay que estar allí, al lado de ellos".Recordando lo que fue su gestión como Intendente Metropolitano señaló que “siempre va ha haber protestas. Y por lo tanto el tema es cómo se controlan. A mi me tocó la conmemoración de los 30 años del golpe militar y lo hicimos en un diálogo abierto con todos los que querían manifestarse, tanto quienes estuvieron a favor del golpe como aquellos que fueron víctimas del golpe de estado. Y sacamos adelante una fecha complicada con desórdenes muy menores en la vía pública"."Sin embargo en la noches del once siempre hay problemas. Para enfrentar eso hay que hacer un trabajo conjunto de educación, de los municipios, del CONACE, del Ministerio del Interior. Cuando yo fui Intendente me fue imposible coordinar a todas estas instituciones porque el gobierno se maneja de manera sectorial. Y por eso es que se requiere una gran reforma al estado para poder modernizarlo y trabajar en conjunto. Estos problemas no son sectoriales, son de la sociedad entera” subrayó.Marcelo Trivelli sostuvo asimismo que “quien ha fallado es la sociedad entera porque estamos entregando los territorios al narcotráfico. Creo que ha habido una confusión enorme en términos de que estas no son manifestaciones políticas sino que es un aprovechamiento del narcotráfico para producir desintegración social. Y ese ha sido el error del gobierno que tiene la autoridad. Pero también ha habido un error de la oposición muy grande porque cree que esto se resuelve con represión".Manifestó que “vimos las declaraciones de ayer de la Alianza por Chile planteando que carabineros debió haber disparado. El general Bernales estuvo a la altura diciendo que carabineros no va a disparar a diestra y siniestra ya que tienen que cumplir con el estado de derecho. Por lo tanto tienen que operar los tribunales Pero por sobre todo es la sociedad chilena la que tiene que hacerse cargo del problema del narcotráfico, del problema de la violencia intrafamiliar, de cómo convivimos entre nosotros. Y creo que ese es el gran desafío de crear una cultura para la paz".Respecto a cómo debiera desarrollarse este combate contra la droga planteó que"hay que buscar caminos innovadores, creo que hay que proteger en primer lugar nuestra frontera. Hay que pedirle a las Fuerzas Armadas que aporten con inteligencia para que las policías puedan hacer su trabajo".

En reunión extraordinaria, La Moneda prepara un paquete de medidas de seguridad

El Ministro del Interior, Belisario Velasco, encabeza la reunión que se realiza en La Moneda que tiene como objetivo afinar el paquete de medidas de seguridad que anunciará la Presidenta Bachelet antes de su viaje a la ONU que realizará el domingo.Velasco está reunido junto al subsecretario del Interior, Felipe Harboe, además de los directores de Carabineros e Investigaciones, José Bernales y Arturo Herrera, respectivamente, y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos.El tema central es abordar el paquete de medidas que apuntarán a reforzar la seguridad en el país, en especial después de las críticas que recibió el Ejecutivo por los desmanes del pasado 11 de septiembre, que incluyeron la muerte del cabo de Carabineros Cristián Vera.Tal como lo dio a conocer la propia Presidenta Bachelet, las medidas que anunciarán en los próximos días apuntan a buscar un reforzamiento a la labor de Carabineros, aumentando su dotación y también elevando el equipamiento con que cuenta la institución para hacer frente a los principales focos de delincuencia. En la reunión también se analizan los errores que cometió el sistema de inteligencia del gobierno en la planificación de los operativos de la semana pasada.

Ministerios no responden a comisión sobre Transantiago

Grupo parlamentario ofició a La Moneda para que la Presidenta ordene a sus subalternos entregar información.
De 22 oficios que la comisión investigadora del Transantiago ha enviado al Ministerio de Transportes, solicitando antecedentes que los diputados consideran esenciales para cumplir con su labor fiscalizadora, la cartera sólo ha respondido seis.Cristián Monckeberg (RN), miembro de la comisión, indicó que tal conducta ratifica la falta de colaboración de los organismos de gobierno con la pesquisa parlamentaria, "que ha tenido que sacar verdades a 'tirones' ante la negativa oficialista".Algunos oficios esperan respuesta desde hace tres meses, como aquel que pide al Ministerio de Transportes que proporcione los nombres de las personas que redactaron las bases de licitación del Transantiago y de los instrumentos jurídicos con los que se implementó el nuevo sistema de transporte.El 18 de julio se pidió la nómina de los profesionales que desde su creación prestaron servicios a la Secretaría Ejecutiva del Transantiago, así como quienes actualmente trabajan en ella. Como no hubo respuesta, la comisión se vio obligada a reiterar la petición, pero sigue sin conocer tal antecedente.Monckeberg indicó que cuando la investigación parlamentaria entra a tierra derecha, resulta indispensable tener a mano el mayor número de información posible para delimitar responsabilidades, por lo que los organismos públicos debieran remitir los antecedentes solicitados.La comisión investigadora ofició a la Secretaría General de la Presidencia solicitando que la Presidenta Michelle Bachelet "ordene al personal de su confianza que cumpla efectivamente con su obligación de remitirle toda la información que le sea solicitada".Aparte del Ministerio de Transportes, Interior no ha respondido ninguno de los dos oficios solicitados, al igual que Hacienda y Secretaría General de Gobierno.A la Conama se le pidió hace un mes y medio que informara sobre el destino y forma en que se gastaron siete millones de dólares que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial aportó para el proyecto "Calidad del Aire y Transporte Sustentable para Santiago", pero no ha habido respuesta.Entre los antecedentes que Transportes no ha hecho llegar a la comisión investigadora figuran un informe sobre recursos que se invirtieron en los estudios y planificación del Transantiago, paraderos existentes a la fecha, montos involucrados en el financiamiento de los denominados buses expresos y licitación y participación de empresas en las llamadas zonas pagas.Desde el 10 de julio está sin respuesta un oficio que pide a Transportes que informe si se recibió alguna advertencia de parte de una empresa consultora respecto de que sería un error establecer en las bases de licitación un rango de frecuencias mínimas y máximas, lo que habría llevado a los proponentes a considerar sólo las frecuencias mínimas para reducir costos y obtener mejores utilidades.DOS MESESDESDE el 18 de julio la comisión investigadora espera antecedentes sobre la licitación de buses del Transantiago y sobre su adjudicación a la empresa Volvo.

Maipú reparará su edificio consistorial y se querella contra ex alcalde Sepúlveda

Reforzamiento del inmueble, que fue desalojado por no cumplir la normativa sísmica, costará $473 millones.
EUGENIO DROGUETTEl Concejo Municipal de Maipú aprobó el contrato de licitación para reparar el edificio consistorial de la avenida Pajaritos que desde mayo de 2006 se encuentra desocupado por no cumplir con la normativa antisísmica del país y presentar problemas en su estructura.Los trabajos, que tendrán un costo superior a los $473 millones, se extenderán por 180 días a contar de la firma del contrato que se producirá dentro de los próximos días.Paralelamente, la Municipalidad de Maipú presentará una demanda civil por 1.500 millones de pesos en contra del ex alcalde, el actual diputado de RN Roberto Sepúlveda, y de todos quienes resulten responsables por las fallas del edificio.A un costo de $1.200 millones, el inmueble fue entregado en los últimos meses de la administración Sepúlveda.Undurraga, tras un estudio solicitado al Dictuc de la Universidad Católica -que costó $34 millones-, clausuró el edificio el lunes 15 de mayo de 2006 y ordenó el traslado de los funcionarios al teatro municipal y al gimnasio de la comuna.El informe del Dictuc señala que se deben levantar 44 pilares de refuerzos y fortificar algunas fundaciones. Las reparaciones, según especialistas, tienen un alto grado de complicación."Si desde un comienzo se hubiera proyectado un edificio de cinco pisos, habría sido más barato", puntualizó Undurraga.Con una investigación que actualmente desarrolla la Contraloría General, Undurraga explicó que el municipio buscará las responsabilidades civiles, penales y administrativas."Nuestros abogados perseguirán los daños y perjuicios por la construcción de un edificio ajeno al proyecto aprobado (cinco pisos en vez de cuatro), lo que ha implicado un mayor gasto, estimado en $500 millones, el desalojo del edificio durante casi dos años y daño para los vecinos y funcionarios que han debido ubicarse en otras reparticiones", dijo a este diario.El alcalde señaló, además, que si se comprueba la hipótesis de que hubo engaño y fraude, presentará una querella criminal."Lo que está claro es que la responsabilidad política es del ex alcalde y no lo eximimos de las otras", concluye Undurraga.Réplica del ex alcaldeEl diputado Sepúlveda dijo ayer a "El Mercurio" que está "absolutamente tranquilo" porque los que construyeron el edificio son ingenieros y constructores profesionales, "uno fue sólo mandante". Agregó que "estas acciones que anuncia el alcalde deben ser la respuesta a las cuatro querellas que he presentado en su contra por fraude al fisco".

Visiones disímiles cruzan a senadores oficialistas por proyecto que crea Instituto de DDHH

La negociación del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, de eliminar del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos la posibilidad de que éste se querelle en casos de derechos humanos, entrampó su avance en el Congreso.
El costo de la negociación no sólo generó repudio en el mundo de los derechos humanos, sino que también entre los parlamentarios oficialistas, en especial en los diputados que criticaron duramente al Senado.
De ahí que, en la Concertación, hayan surgido visiones disímiles sobre la iniciativa legal. Consciente de que la Alianza no aportará con sus votos si el Instituto puede iniciar acciones legales, el senador DC Jorge Pizarro explica que si dicha facultad no se repone en comisión mixta, de todas maneras se debe aprobar la formación de este organismo, pues "es mejor eso que nada".
Una posición más de consenso es la que defiende el también senador DC, Mariano Ruiz Esquide, quien apuesta por explorar una "fórmula intermedia".
"Creo que una forma de salvar este obstáculo es permitir que el Instituto de Derechos Humanos se pronuncie sobre nuevos casos de detenidos desaparecidos, pero que sea un tercero quien tenga la facultad de querellarse para iniciar la investigación", afirmó Esquide.
A su juicio, la derecha -que se mantiene inflexible frente al tema- debería posibilitar la participación de terceros y agrega que en muchos proyectos la Concertación ha tenido que usar la persuasión para conseguir los votos de la oposición, por lo que ésta no será la excepción. De lo contrario, el proyecto en cuestión "quedará estancado".
Ruiz Esquide declinó precisar si estaría dispuesto a aprobar el proyecto sin que el instituto cuente con la facultad de querellarse, pues insistió en que "nunca doy por perdida una pelea, hasta que la pierdo".
Rechazo
Posiciones más radicales son las que asumieron los senadores del PS, Carlos Ominami y el PPD Roberto Muñoz Barra. El legislador socialista aclara que estuvo ausente el día en que el Senado eliminó la facultad del Instituto para iniciar acciones legales, por lo que no se siente partícipe de dicha determinación, aunque -de todas formas- precisa que no lo habría permitido.
En este sentido, Ominami advierte que resulta contradictorio que mientras Chile se erige en el concierto internacional como una nación defensora de los derechos humanos, por otro lado se esté limitando la búsqueda de la verdad.
"Creo firmemente que se cometió un error y espero que se generen los acuerdos para reponer dicha facultad, porque -de lo contrario- soy partidario de no posibilitar la aprobación del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos", comentó.
Si bien advierte que no hay que ponerse en el peor de los escenarios, insiste en que "las prerrogativas que debe tener una institución como la que se busca crear, deben ser resguardadas".
De ahí que reafirma que los consensos que el Gobierno ha ido buscando en este tema son "inútiles".
Para el senador PPD Roberto Muñoz Barra, en tanto, éste es un tema "demasiado sensible" como para no darle la seriedad y transparencia que requiere.
Sin rodeos, recalca que "si se está buscando crear una institución maquillada y que no va a tener la eficacia que se requiere, no es conveniente legislar al respecto".
Asimismo, replica que éste es un excelente momento para que todos los sectores "salgan al pizarrón". Por ejemplo, estima que "la derecha debe dar demostraciones concretas de que le ha perdido el temor al pasado", apuntando a que si la Alianza quiere ser consecuente, debería aprobar la idea de que el Instituto de Derechos Humanos pueda querellarse.
"Soy prudente y realista. Si se crea un instituto que no podrá iniciar acciones legales, no servirá para los fines que fue concebido. En este caso, no pasaría de ser más que una tomadura de pelo", aseveró al tiempo en que precisó que se debe tener muy presente que este es un tema "eminentemente ético".

Caso Publicam-Servel: Fiscalía termina investigación y establece que Girardi no tiene responsabilidad

El Ministerio Público dejó al senador PPD Guido Girardi fuera de las presuntas irregularidades en la rendición de gastos electorales y en las que fueron detectadas facturas falsas de la empresa fantasma Publicam.
Su abogado Alfredo Morgado adelantó el resultado de la investigación del fiscal Iván Millán que durante los últimos meses se dedicó a dilucidar el caso que quedó al descubierto a finales de octubre del año pasado. En esa fecha se conoció que el comando de Girardi presentó ante el Servicio Electoral (Servel) dos facturas de Publicam por $ 24 millones, como una forma de cuadrar caja. Sin embargo, tras su indagación la fiscalía estableció que el parlamentario no tiene responsabilidad en los hechos.
"Su trabajo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba alrededor de la una. No tenía una relación directa con lo que es la parte de las cuentas y menos la rendición de las mismas y desde ese punto, él no estaba en este tema, estaba en otros temas como relacionarse directamente con los electores, por eso la gran votación que obtuvo el senador Girardi", explicó Morgado.
En ese sentido, el abogado agregó que "después de una lata investigación se estableció que el senador no tiene ninguna participación en los hechos y desde esa perspectiva estamos bastante conforme y satisfechos porque se llegó a la absoluta verdad gracias a la objetividad del Ministerio Público".
Sin embargo, Morgado anunció querellas criminales por falso testimonio e instigación a falso testimonio, aunque no entregó detalles sobre contra quién estará dirigida ni cuándo se presentarán los libelos.