El diputado socialista Fulvio Rossi pidió a la ministra de Educación, Yasna Provoste, que renuncie a su cargo debido a las responsabilidades políticas que le competen en el caso del pago subvenciones.
El legislador iquiqueño apuntó que en este segundo tiempo del gobierno de Bachelet, es necesario e imperativo que se trabaje con la mayor responsabilidad y transparencia de cara a la ciudadanía. ?Aun cuando la ministra Provoste no tenga participación alguna en el desorden administrativo detectado por el caso subvenciones, debe asumir su responsabilidad política renunciando al ministerio. Aquí lo que tenemos no son 260 mil millones desaparecidos, hay un problema grave respecto de una adecuada contabilidad y administración de esos recursos. Ahora bien, hay que tener presente que hay responsabilidades penales de los sostenedores que han engañado al Estado, pero también cabe una responsabilidad política de quien está al mando del ministerio?, subrayó.
Rossi apuntó que en el ámbito público si bien las irregularidades administrativas son sancionadas por la Contraloría, mientras que las penales por la justicia, que las autoridades políticas deben asumir los costos, algo que poco se ha visto en el Gobierno. ?En el caso puntual de la ministra Provoste, considero incluso que ha tenido una buena gestión, prueba de ello fue el acuerdo de educación que se logró con la Alianza, sin embargo, al continuar en el cargo frente a un problema de este tipo, expone al gobierno en su conjunto a una acusación constitucional?, subrayó el legislador.
El legislador iquiqueño apuntó que en este segundo tiempo del gobierno de Bachelet, es necesario e imperativo que se trabaje con la mayor responsabilidad y transparencia de cara a la ciudadanía. ?Aun cuando la ministra Provoste no tenga participación alguna en el desorden administrativo detectado por el caso subvenciones, debe asumir su responsabilidad política renunciando al ministerio. Aquí lo que tenemos no son 260 mil millones desaparecidos, hay un problema grave respecto de una adecuada contabilidad y administración de esos recursos. Ahora bien, hay que tener presente que hay responsabilidades penales de los sostenedores que han engañado al Estado, pero también cabe una responsabilidad política de quien está al mando del ministerio?, subrayó.
Rossi apuntó que en el ámbito público si bien las irregularidades administrativas son sancionadas por la Contraloría, mientras que las penales por la justicia, que las autoridades políticas deben asumir los costos, algo que poco se ha visto en el Gobierno. ?En el caso puntual de la ministra Provoste, considero incluso que ha tenido una buena gestión, prueba de ello fue el acuerdo de educación que se logró con la Alianza, sin embargo, al continuar en el cargo frente a un problema de este tipo, expone al gobierno en su conjunto a una acusación constitucional?, subrayó el legislador.
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